Alta Dirección Pública, las personas pasan las instituciones quedan

Alta Dirección Pública, las personas pasan las instituciones quedan.

Existen actualmente, tanto en el Gobierno como en los servicios del Estado, más de 260 mil funcionarios públicos. Se estima que un 0,4% constituyen el primer y segundo nivel jerárquico, los que son seleccionados por medio del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). Es entonces bajo esta modalidad por la que se escoge a la elite de nuestros empleados públicos, que tendrán la labor de gestionar eficientemente las instituciones y poner en aplicación sus políticas en nuestro país.

Según cifras oficiales de octubre de 2015 son 1.268 los profesionales seleccionados bajo este mecanismo. Entre ellos se incluyen más de 180 cargos de los gobiernos locales, sin contar a los recientemente incorporados directores de departamentos de educación.

De esta forma, son más de 1.200 funcionarios los que quedan bajo la designación directa y exclusiva del Presidente de la República, casi la misma proporción que escoge el sistema a nivel central. Cabe destacar que estas cifras no consideran los miles de servidores “también públicos” del Poder Judicial, Contraloría y Ministerio Público.

Según datos del Servicio Civil, los salarios de los funcionarios del Estado representan el 21% de sus gastos totales y un poco más del 4% del PIB, lo que está por debajo del 11% promedio de los países de la OCDE. Probablemente, en nuestro afán de querer ser y parecer, este gasto se irá incrementando, situación que no tendría inconvenientes siempre y cuando los servicios del Estado reflejen mejoras de productividad y eficiencia hacia los usuarios.

Sin embargo, estas cifras podrían inducir a un error al tener carácter global y existir diferencias en la escala de salarios en relación a los demás países de la OCDE. La gran masa de funcionarios chilenos gana menos de 1.500 dólares mensuales y eso –claramente- ayuda a disminuir la cifra total, pese a que probablemente la alta administración en Chile perciba remuneraciones iguales o superiores a las de naciones desarrolladas.

 Ahora bien, un punto de especial relevancia es el que dice relación con las  desvinculaciones al interior del aparato estatal. El último reporte estadístico publicado por el Servicio Civil, en octubre del 2015, señala que entre el 2004 y hasta la fecha del reporte se habían producido 1.053 desvinculaciones, de las cuales 703 eran de carácter no voluntarias, representando el 67%.

Si bien las cifras totales de desvinculaciones son similares al comparar años sin cambios de gobierno, en las últimos dos procesos las cifras llaman dramáticamente la atención. Así, del total de desvinculaciones no voluntarias consignadas en el reporte, el 68% tuvo lugar en años de cambio de gobierno, concentrándose en los años 2010 y 2014 -con 153 y 328 cargos respectivamente- ambos periodos en que hubo alternancia de la coalición gobernante.

 Según un estudio de costos del mismo Servicio Civil, los procesos de selección tienen para los casos de estudio, una mediana de costo de 21 millones de pesos para cargos del  primer nivel jerárquico y de 8,7 millones para los de segundo nivel, lo que representa la mitad de lo que vale un servicio similar en el sector privado para cada grado.

En ese sentido, la desvinculación no voluntaria podría alcanzar un costo por sobre los 4 mil millones de pesos solo para los años en cuestión, sin considerar que el 2014 se publicaron 401 convocatorias a cargos públicos, ¡cuyo gasto suma y se multiplica!

Cabe entonces preguntarse ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿es mera  burocracia incluir nuevos puestos?, ¿podríamos ocupar el dinero público en buscar a los mejores profesionales para nuestras instituciones?

Imagine además que luego de que el Estado ha gastado todo lo que hemos detallado, declare desiertos los concursos, sin llenar los cupos y formalizando con una figura provisional y transitoria (TyP) los directivos a dedo. No deja de llamar la atención que durante el 2015 el 80% de los funcionarios seleccionados ya ocupaba el cargo previamente a ser concursado. Sin comentarios.

Es de esperar que el proyecto de ley que reforma el SADP -y que está actualmente en el Congreso- pueda delinear una solución para alguno de estos problemas. En ese sentido, ya sabemos que buscará incorporar nuevos servicios y cargos (100) e intentará reducir el impacto de los cambios de gobierno, como por ejemplo eliminando los famosos TyP, además de diversas mejoras en procedimientos y gestión del sistema. Sin embargo, tal proyecto parece poco ambicioso para un Estado que aspira a la modernización.

Tras estos 13 años de implementación, no podemos negar que el SADP presenta avances importantes en distintas materias y que han sido resaltadas por su máxima autoridad. En este tiempo se ha generado un mayor estándar, que ha contribuido a renovar y profesionalizar la gerencia pública y ha instalado un proceso de selección serio y de calidad, dejando en el pasado el pago de favores políticos a militantes sin formación ni competencias.

Pues bien, como señala el dicho “las personas pasan y las instituciones quedan”, cada funcionario, profesional o servidor público que asume un cargo de Alta Dirección  contribuye de distinta manera a tener una mejor institución -y por añadidura- un mejor Estado, donde el servicio público sea más eficiente, cercano, amable, participativo, oportuno y que nos brinde mayor calidad.

De ahí la gran importancia que tiene el rol del SADP, pues es la institución llamada a buscar a aquellos líderes, que con capacidades, formación y vocación pública sean los constructores de mejores servicios del Estado a favor de la ciudadanía, especialmente de los más postergados.

Todo Estado y sus instituciones requieren de los mejores directivos públicos “posibles”. Hoy, a pesar de lo que se logró avanzar, lamentablemente sigue imperando la confianza política en el nombramiento de los servidores públicos.

Pareciera que el color es más importante que las competencias técnicas con el consiguiente desmedro financiero para el Estado, provocando un alto costo a los chilenos por la mala gestión y sus impactos negativos por la baja calidad de los servicios.